GT Igualdad y Derechos Sociales
¿Sabías que en Alcalá hay una ley (ordenanza) que pretende “fomentar y garantizar la convivencia ciudadana”?
¿Sabías que en vez de eso lo que hace es discriminar y excluir a las personas más marginadas?
En octubre de 2010 entró en vigor la Ordenanza Municipal para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en los espacios públicos de Alcalá de Henares. Esta Ordenanza no responde a una demanda social concreta, sino que sigue la tendencia de otras localidades (Granada, Oviedo, Lugo, Barcelona…), y por tanto no atiende a la situación local de Alcalá ni a sus necesidades. A cambio refuerza la tendencia general de comercializar el espacio público, que se concibe cada vez más como un centro comercial. Podemos verlo en nuestro casco histórico: más terrazas y menos bancos, fuentes, árboles…
Pero eso no es lo peor. Lo peor es que esta Ordenanza no lucha contra la principal causa de los problemas, las desigualdades sociales, sino que castiga a quienes más las padecen.
La Ordenanza parte de un concepto de convivencia que se resume en perseguir, criminalizar e invisibilizar a quienes molestan. Pero si realmente queremos mejorar y fomentar la convivencia, no podemos conseguirlo prohibiendo, mul-tando, sancionando, deteniendo… en suma mediante la represión o la persecución policial: las situaciones de ex-clusión social y los problemas que de ella se derivan sólo pueden solucionarse con medidas sociales estructurales.
En la Ordenanza contrastan la precisión en cuanto a prohibiciones y sanciones, y una extremada ambigüedad en cuanto a los hechos que trata de penalizar: las aparien-cias, actitudes o intenciones no son objetivas y resultan difícilmente enjuiciables. Además, se meten en el mismo saco comportamientos que sí pueden ser considerados ilegales con otros simplemente molestos o alegales. La Ordenanza incluye definiciones tan amplias que al final es el agente de la autoridad y su moral particular quien inter-preta ese comportamiento y decide si es sancionable.
En la Ordenanza se advierte también una clara voluntad de control de las conductas y actividades desarrolladas en el espacio público. Con las restricciones del uso de los espacios públicos se limitan y vulneran derechos fundamentales como los de manifestación o de expresión.
Pero si hay un colectivo que resulta particularmente perseguido en estas ordenanzas es el de las prostitutas que trabajan en la calle. Según las cifras que presentó el propio Ayuntamiento, casi la mitad de los expedientes abiertos fue por prostitución (Diario de Alcalá, 02-02-2011). Ante el acoso policial, las personas que ejercen la prostitución se ven obligadas a esconderse o desplazarse, en cualquier caso a hacerse invisibles. Este proceso no resuelve la realidad de marginalidad y estigmatización, sino que agrava de forma clara la situación.
Acudir, como se hace en la Ordenanza, al recurso de derivar a las personas que infrinjan la Ordenanza hacia los servicios sociales de emergencia, es irreal cuando no directamente hipó-crita. Primero, no se especifican los recursos concretos a los que se refieren. Y en segundo lugar, es de sobra conocido que los servicios de emergencia social existentes en la actualidad no bastan para una sociedad en la que una buena parte de sus miembros están viviendo ya en situaciones de exclusión o se encuentran al borde de esta.
Esta Ordenanza supone que existen recursos para aten-der a cualquiera que lo necesite, pero todos sabemos que (no solamente por la crisis) falta dinero y falta personal.
Esta Ordenanza supone un aumento en la fractura social que ya sufre nuestra ciudad. Promover que las personas que viven en Alcalá de Henares confundan pobreza o exclusión con incivismo, y supervivencia con ilegalidad, solo puede traer consecuencias negativas para la convivencia, esa “convivencia” supuestamente promulgada y buscada por la Ordenanza.
Desde la defensa de la dignidad y los derechos de las personas, creemos que hay que buscar respuestas que no ahonden más las situaciones de exclusión social y vulnerabili-dad que ya padecemos en Alcalá, y que consideren los intereses y derechos de todas las partes im-plicadas, apostando por la me-diación y la negociación desde el respeto, la solidaridad y la igualdad.
Hoja informativa sobre la ordenanza de convivencia
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